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Ante una situación de fraccionamiento y falta de liderazgo claro en los dos “grandes partidos” podría ser que los dirigentes en el ámbito estatal, en el ejercicio legítimo de sus acciones para mantenerse/recuperar el poder en el Estado, realizasen una jugada de legitimidad más dudosa a través de las cesiones de cara a las comunidades autónomas, llegando incluso a sacrificar gobiernos del mismo color por un objetivo de gobernabilidad en el estado.

O dicho de otra manera, ¿estaría dispuesto ZP a sacrificar a Patxi López o a no ganar en Canarias por mantenerse en La Moncloa con apoyos del PNV y Coalición Canaria?

Además de las grandes cifras (número de pernoctaciones, ocupación de albergues y hoteles,…), que medio justifican afirmaciones como “este magnífico y pródigo Xacobeo” (en http://www.elcorreogallego.es/opinion/cuadro-de-honor/ecg/almodovar-revoluciona-compostela/idEdicion-2010-08-24/idNoticia-582585/)…

¿Podría alguien bajar a la calle a ver que pasa con el pequeño hostelero, restaurador, bar o comercio? (véase la reseña al respecto en la misma edición de El Correo Gallego http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/compostela-soporta-otra-ola-cierres-comercios/idEdicion-2010-08-24/idNoticia-582414/).

Si las grandes cifras no son rentabilizadas mejor es que algo estamos haciendo muy mal.

La pasada campaña en las elecciones Portuguesas, el candidato de Bloco de Esquerda tenía un slogan que me parecía fantástico, totalmente en contra de esta propuesta de los socialistas, muy diferente que una decisión socialista.

El slogan, que podría dar mucho que debatir desde el sentido común era algo así “Ni un despido más en empresas con beneficios”.

Ahora planteemos el razonamiento al revés, qué cantidad de beneficios deberían obligar a contratar personas?

Nos últimos meses teño formulado, por distintos motivos profesionais 4 preguntas diferentes ao Servizo de Información Ambiental da Xunta de Galicia sen recibir resposta ás mesmas o que supón o evidente incumprimiento das Directivas Europeas 2003/4/CE e 2003/35/CE e a Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medioambiente que incorpora as anteditas directivas ao ordenamiento xurídico estatal.

Fai a proba.